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Boletín de prensa 1º de septiembre de 2011
COMISIÓN COLOMBIANA DE JURISTAS SE DEFIENDE DE ACUSACIONES DE SENADOR
El colectivo de abogados respondió a acusaciones del senador Manuel Virgüez, del Movimiento Mira.
Los señalamientos fueron en el sentido de que habría un “cartel” de abogados dedicado a demandar al Estado ante instancias internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en busca de jugosas sumas de dinero.
“La culpa de las sentencias de la Corte Interamericana no se debe a los defensores sino a las violaciones de derechos humanos”, respondió ayer la Comisión de Juristas.
En un debate de control político realizado el pasado martes en el Congreso, se reveló que Colombia ha pagado 24 millones de dólares por demandas de derechos humanos, y se hizo notar el hecho de que no hay antecedentes de que el Estado haya triunfado en estas controversias.
El senador se “equivoca gravemente” al pensar que se necesita hacer “trampa” para que el Gobierno colombiano sea condenado, dijeron los abogados.
Virgüez también denunció que el abogado Camilo Mejía Gómez está implicado en un caso de puerta giratoria, pues “fue funcionario del Grupo Operativo Interinstitucional pero hoy trabaja en la Comisión Colombiana de Juristas para interponer demandas contra el Estado".
Ante estas declaraciones la Comisión de Juristas respondió que “las afirmaciones del senador son de carácter general y se basan en suposiciones ya que no tiene hechos concretos” y agregó que cuando Mejía Gómez fue contratado se acordó que él no “intervendría” en casos que ya conociera de antemano en virtud de su condición de funcionario del Estado.
El debate de control político para conocer y discutir los costos de las indemnizaciones en los procesos que se adelantan contra el Estado, fue reprogramando para el martes 6 de septiembre, para garantizar la presencia de la Canciller Maria Ángela Holguín.
PRESENTAN PRIMER PROYECTO PARA ELIMINAR LA COMISIÓN DE ACUSACIONES
La reforma constitucional busca crear un tribunal especial para investigar funcionarios aforados.
El partido de 'la U' radicó un proyecto de reforma constitucional para eliminar definitivamente la Comisión de Acusaciones, que sería reemplazada por un tribunal penal y disciplinario encargado de investigar y juzgar a altos funcionarios aforados.
Manuel Enríquez Rosero, senador de 'la U', explicó que lo que se busca es que este nuevo tribunal sea conformado por 9 miembros, quienes serían elegidos por concurso de méritos y cumplirían periodos de 4 años.
Es la primera iniciativa que se radica para eliminar definitivamente la Comisión de Acusaciones, y al ser una reforma constitucional relacionada con el sector judicial será acumulada para su estudio con los otros dos proyectos de reforma de la justicia que cursan en el Congreso.
La iniciativa establece que, posterior a su aprobación, se deberá presentar un proyecto de ley reglamentaria para establecer la forma en que se adelantarán los juicios y la implementación del concurso de méritos para elegir a los integrantes del nuevo tribunal, quienes deberán tener las mismas calidades de los magistrados de las altas cortes.
Rosero agregó que se mantendrá jurisdicción sobre los procesos que cursen contra el Presidente de la República, los magistrados de las altas cortes y el Fiscal General.
"Lamentablemente la función judicial del congreso constituye un foco de impunidad y de descrédito por carecer de un organismo especializado de altísimas calidades académicas, intelectuales y morales, que instruya los procesos y pueda así la Cámara cumplir a cabalidad con su función investigadora", dice la exposición de motivos del proyecto.
El tribunal llevaría el proceso para que la Cámara en pleno emita un fallo y, de ser necesario, el Senado sería la segunda instancia.
COLOMBIA PRESENTARÁ CANDIDATURA PARA TENER UN JUEZ EN LA CPI
Este jueves será postulado Eduardo Cifuentes, ex magistrado de la Corte Constitucional.
El anuncio lo hizo la canciller María Ángela Holguín al término de una rueda de prensa con su colega de Jamaica, Kenneth Baught.
"Esta es la primera vez en el país que se ha hecho un proceso semejante", aseguró la ministra.
La Corte Penal Internacional (CPI) es un tribunal, como su nombre lo indica, de justicia internacional encargado de juzgar a personas acusadas de crímenes de genocidio, guerra y lesa humanidad. El Estatuto de Roma, del cual Colombia es firmante, le dio vida jurídica.
Un grupo de expertos analizó las hojas de vida de un grupo de juristas entre los que, además de Cifuentes, se encontraban Catalina Botero, Jaime Córdova Triviño, Juan Manuel Charry, Alexai Julio Estrada, María del Rosario González, Augusto Ibáñez y Jaime Enrique Granados.
Lo que se buscaba era que quien fuera postulado contara con "el nivel académico, profesional e internacional para poder ser elegido en una posición de esta naturaleza".
Del comité encargado de seleccionar al postulado a la Corte Penal hicieron parte los ministros de Interior, Germán Vargas Lleras; de Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín; y de Justicia, Juan Carlos Esguerra.
También participaron el hasta hoy secretario general de la Presidencia y designado ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, el ex procurador Carlos Gustavo Arrieta, y los ex magistrados Manuel Cepeda y Eduardo Montealegre.
GOBIERNO LE PRESENTÓ A LA CORTE 'CRUDO DIAGNÓSTICO DE JUSTICIA Y PAZ'
Así lo reveló el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, tras reunirse con el alto tribunal.
En su tercera visita a la Corte Suprema, el presidente Juan Manuel Santos, en compañía de los ministros Juan Carlos Esguerra y Germán Vargas Lleras, entregó a los magistrados lo que se denominó como un "frío y crudo" diagnóstico de la Ley de Justicia y Paz.
Durante el encuentro, que se prolongó por más de dos horas, el Gobierno manifestó su preocupación por puntos fundamentales de la Ley como la demora en las sentencias de ex paramilitares, la indefinición jurídica de 19 mil casos de desmovilizados rasos y la verdad frustrada con la extradición de 19 jefes de las Auc. Aunque el Ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, aseguró que la Ley no ha "fracasado", llamó la atención sobre "inconvenientes, problemas y obstáculos" en el funcionamiento de esta norma de justicia transicional.
El Presidente de la Sala Penal del alto tribunal, Javier Zapata, dijo que se escucharon los planteamientos del Gobierno y se van a estudiar para emitir un concepto con recomendaciones.
"Hay que despejar el futuro de la Ley de Justicia y Paz porque Colombia tiene compromiso con las víctimas y con el mundo para sacar adelanta el proceso de justicia tradicional", dijo Esguerra.
El jefe de la cartera de Justicia también aseguró que este "no es un asunto de Gobierno sino de Estado" y que se seguirán teniendo encuentros con el alto tribunal para "escuchar propuestas y sugerencias que la Rama Judicial para solucionar los obstáculos".
En cinco años, sólo se han emitido tres condenas contra jefes paramilitares en Justicia y Paz y la misma Fiscal General, Viviane Morales, ha cuestionado el que haya una "talanquera" de más de 24 mil hechos que están en etapa de imputación de cargos y no han pasado su trámite a sentencia.
CONSEJO DE ESTADO CONDENÓ AL ICBF POR DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE UN MENOR
El niño, de 12 años, estaba al cuidado de la entidad.
La Sección Tercera del Consejo de Estado, declaró administrativa y patrimonialmente responsable al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), por los perjuicios ocasionados a un menor de 12 años de edad que estaba bajo su cuidado, ante el estado de desnutrición en que fue entregado a su padre.
El menor José Antonio Carballo Cabrera, quien finalmente falleció el 29 de noviembre de 1994 por un paro cardiorrespiratorio e insuficiencia respiratoria, fue recibido por el ICBF, Regional Huila, en el mes de marzo de 1993, fecha en la que ya presentaba un alto grado de desnutrición, además de tener retardo mental y un desorden comunicativo, ya que el desarrollo del lenguaje era inadecuado para su edad.
El cuidado del niño, que estaba a cargo de su progenitora, fue asumido por el ICBF luego de declarar al menor en situación de peligro y abandono ante los maltratos recibidos por su padrastro, y debido a que su padre biológico no tenía los recursos suficientes para velar por su integridad.
A raíz de la agresividad del niño y a su desadaptación en los centros especializados, el Icbf lo entregó al cuidado de varias madres sustitutas y por último, bajo la modalidad de hogar biológico, al cuidado de su padre.
En una de esas medidas, el Bienestar Familiar le propuso al padre que asumiera el cuidado del menor, pero éste se negó a recibirlo aduciendo que ese no era el estado en que previamente leo había entregado.
Señaló el Consejo de Estado, que si bien el ICBF no fue el que produjo el estado de desnutrición del menor, lo cierto es que la entidad pública sí estaba obligada a velar porque el niño superara esa patología. Según el alto Tribunal, el Icbf incurrió en una falla del servicio al haber retornado a su entorno familiar al niño sin que se hubiera estabilizado su condición física, pues el hecho de decretar la medida de hogar biológico y, por lo tanto, de entregar una subvención económica a favor de su padre no garantizaba que se superara el estado de riesgo, peligro o amenaza para sus derechos.
LA ABSOLUCIÓN QUE TUMBÓ LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Tribunal Superior de Cundinamarca había absuelto a Santofimio un año después de fallo condenatorio.
Un año después de la condena a 24 años de prisión contra Alberto Santofimio Botero, el Tribunal Superior de Cundinamarca tumbó la decisión del juez especializado y lo absolvió.
En su momento, el anuncio lo hizo el magistrado Jesael Giraldo, presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, quien leyó la ponencia del magistrado Gilberto Lancheros, en la que excluyó de responsabilidad a Santofimio al determinar que no había pruebas suficientes para condenarlo.
El magistado Lancheros argumentó que había dudas procesales en la investigación y que "las pruebas existentes no podían determinar su culpabilidad".
Luego de permanecer tres años y cinco meses preso, el Tribunal ordenó su libertad señalado que "no se puede predicar con certeza que el acusado determinó a Pablo Escobar para que este ordenara ejecutar el execrable crimen, ni que aquel (Santofimio) formara parte bajo cubierta del ala política del grupo denominado Los Extraditables".
Según la sentencia de segunda instancia,los testimonios de Jhon Jairo Velásquez Vásquez alias 'Popeye', sicario de Escobar y del ex congresista Carlos Alberto Oviedo Alfaro, que sirvieron de soporte a la Fiscalía para mandar a la cárcel a Santofimio y al juez para condenarlo, "están cimentados en argumentos retóricos, pero no en pruebas objetivamente valoradas con rigor lógico".
Para el Tribunal, la declaración de 'Popeye' no es creíble, "por ser tardía su sindicación frente al aquí acusado, contradictoria e inconsistente entre sí y en relación con otros elementos de convicción allegados al expediente". En cuanto a la versión de Oviedo, dice el Tribunal que "no salva esas falencias, por ser de oídas y carecer de fiabilidad su fuente primigenia".
El Tribunal advierte, en todo caso, que esto no significa que Santofimio sea inocente: "Tampoco reposan en el proceso elementos de juicio suficientes para predicar la absoluta ajenidad del procesado en los hechos investigados, es decir, que es inocente, sino solamente que media incertidumbre al respecto.
EL ESPECTADOR
EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA ALGO ESTÁ MAL
Por: Ana Milena Muñoz de Gaviria
El sistema de contratación de obras públicas se ha convertido en un tema controvertido en todo el mundo.
La presentación a licitaciones con propuestas a muy bajo costo, que posteriormente son ajustadas y modificadas en la medida en que el contrato avanza, es una práctica de todos los países, que en Colombia se ha visto agravada con las usuales demandas de los contratistas. Y si esto se ha vuelto sistemático, hay algo que no está funcionando bien.
Los contratistas alegan que la culpa es de quienes hacen los proyectos técnicos que no toman en cuenta todas las variables y, por eso, en la ejecución de las obras se tienen que ajustar los presupuestos. Los técnicos y los funcionarios culpan a los contratistas que han utilizado esta práctica de licitar a bajo costo para ganarse la licitación y luego reajustar o adicionar el contrato, o demandar como una forma de enriquecerse. Sin embargo, es importante manifestar que a veces es el Estado quien pide los cambios.
La razón la pueden tener unos y otros, pero aquí los que finalmente pierden son los ciudadanos, pues o bien las obras públicas tienen un alto costo o no se hacen en forma técnicamente adecuada. Así se vio en meses recientes con la lluvia y las inundaciones que dejaron muchas ciudades incomunicadas. A lo que se suma, por cierto, un retraso en la infraestructura del país, producto de la poca gestión de la cartera correspondiente en los últimos años.
Es necesario entonces tomar correctivos en los procesos de licitación, tratando de que no se hagan ajustes —sino hasta cierto porcentaje— e igualmente que se asuman responsabilidades y riesgos, lo que también contribuiría a frenar la corrupción. Los funcionarios deben ser responsables en los procesos y los contratistas, al licitar deben asumir riesgos y estudiar bien los proyectos y las obras que van a construir. En España, por ejemplo, modificaron los procesos de licitaciones y los ajustes no pueden ser mayores del 10%, los contratistas deben verificar y analizar con detenimiento las obras, pues la valoración económica no debe primar sobre lo técnico. Igualmente, si piden modificaciones mayores, se vuelve a licitar la obra.
Hay que buscar eficiencia en la ejecución. Colombia tiene un atraso en sus obras publicas y en su infraestructura, pero con los costos que se tienen hoy es muy difícil encontrar esa eficiencia, es necesario que se tome conciencia en que hay que avanzar a costos razonables. Es necesaria una ley que corrija los problemas actuales en relación con la contratación, pues definitivamente algo está mal, y eso que no se ha hablado de otras prácticas non sanctas.
EL NUEVO SIGLO
GOBIERNO ANUNCIA MODIFICACIONES A LEY DE JUSTICIA Y PAZ
Magistrado Javier Zapata dijo que el alto tribunal no tiene la capacidad para afrontar el limbo jurídico en el que se encuentran todos los desmovilizados.
Para presentar lo que el Ministro de Justicia y del Derecho, Juan Carlos Esguerra, denominó un “diagnóstico tomado cruda y fríamente de la realidad” sobre la Ley de Justicia y Paz, el Ejecutivo se reunió ayer mañana con la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.
Por iniciativa del Presidente de la República, Juan Manuel Santos, y la asistencia del Ministro del Interior, Germán Vargas Lleras; fueron presentados ante los magistrados las preocupaciones y los inconvenientes que para el Gobierno se han visto en la implementación de la Ley 975 de 2005 o Ley de Justicia y Paz.
“Hay una serie de problemas sobre el estado de la cuestión de la Ley de Justicia y Paz en el marco de la justicia transicional. Queremos aceptar esta obligación que tenemos los colombianos, por supuesto que tiene el Gobierno, el Legislador y los jueces de la República. Todos queremos acertar en los superiores intereses del Estado”, sostuvo el Ministro Esguerra.
Al concluir la reunión, el alto funcionario también indicó que vendrán otras reuniones con los representantes de este Alto Tribunal, pues es del mayor interés del Ejecutivo escuchar las propuestas y sugerencias que la Rama Judicial pueda plantear para solucionar los obstáculos de esta Ley.
“De lo que se trataba era de intercambiar ideas a instancias y por iniciativa del Presidente de la República en su condición de jefe de Estado porque este tema de Justicia y Paz no es un tema de Gobierno, es un tema de Estado. Tenemos responsabilidades y obligaciones con todos y cada uno de los colombianos, con las víctimas, con nuestros muertos, con el mundo en general, con nuestro pasado, con nosotros mismos”, agregó.
El Ministro Juan Carlos Esguerra señaló que esta Ley de Justicia y Paz no ha fracasado: “Ha habido inconvenientes, se están presentando problemas y obstáculos en la aplicación del proceso que estamos tratando de resolver. Vamos a ver cómo enderezamos el camino y sacamos esto adelante. Es el interés de todos los colombianos”.
Por su parte, el presidente de la Sala, Javier Zapata, manifestó que el alto Tribunal no tiene la capacidad de afrontar la gran cantidad de casos de desmovilizados cuya situación jurídica permanece en el limbo desde el mismo momento en que decidieran acogerse a la ley.
De acuerdo con el magistrado, en el transcurso de la reunión, el presidente Juan Manuel Santos y los titulares de las carteras de Interior, Germán Vargas Lleras, y justicia, junto con sus respectivos equipos dieron buena cuenta de la situación en la que se encontraban tanto los extraditados ex jefes paramilitares así como los considerados miembros rasos de las autodefensas.
Hace una par de semanas, la Comisión de Paz del Senado le entregó al presidente Juan Manuel Santos las conclusiones de un nuevo marco normativo y jurídico que posibilitaría nuevas desmovilizaciones, y en el que se urge la ampliación y modificación de la ley de Justicia y Paz como medida a corto plazo.
En dicho marco, se plantea una revisión urgente en la medida en que hay más de 25.852 postulados a la ley de Justicia y Paz, de los cuales se han iniciado 2.600 versiones libres, con sólo 390 postulados con formulación de imputación, y tan sólo cuatro condenas, y sólo una en firme.
Asimismo, la Comisión también plantea, dentro de la aplicación de la justicia transicional, beneficios a militares que decidan contar la verdad.
“El planteamiento de beneficios para los militares que hayan cometido delitos, resulta válido dentro de un proceso de paz, con una verdadera participación de los mismos militares en el proceso de justicia transicional”, dice el informe.
La ponencia de fallo, que radicará el Presidente del alto tribunal, puede pedir sanción al jefe del Ministerio Público o el archivo del caso.
DEFINIRÁN SUERTE DE PROCESO CONTRA PROCURADOR POR YIDISPOLÍTICA
Dos años después de que la Corte Suprema de Justicia iniciara una investigación contra el procurador General Alejandro Ordóñez Maldonado, presuntamente por haber cambiado, cuando asumió el cargo, el sentido de la investigación que su predecesor había hecho contra implicados en el proceso de la yidispolítica, la Sala Plena volverá a estudiar el caso.
Hoy su presidente Camilo Tarquino radicará el proyecto de fallo, que decidirá si sancionan al jefe del Ministerio Público o por el contrario archivan el proceso.
Según la investigación, cuando Ordóñez asumió el cargo existía en el Ministerio Público un estudio adelantado por su antecesor Edgardo Maya acerca de la responsabilidad disciplinaria de varios funcionarios del anterior Gobierno.
La querella que presentó en el 2009 el representante a la Cámara del Polo Democrático, Germán Navas Talero, contra el jefe del órgano de control, expone que el estudio de Maya Villazón asumía una posición diametralmente opuesta a la que finalmente expresó Ordóñez.
Específicamente, el magistrado Tarquino analizó la decisión disciplinaria absolutoria que profirió el Ministerio Público a favor del ex ministro de Protección Social Diego Palacio y el ex ministro del Interior y Justicia y ex embajador en Italia Sabas Pretelt de la Vega, quienes presuntamente le ofrecieron dádivas a la ex representante Yidis Medina para que cambiara su voto y respaldara la primera reeleccin en el Congreso del presidente Álvaro Uribe.
Medina Padilla, quien ya fue condenada por la Corte Suprema, siempre sostuvo que los ex ministros Palacio y Pretelt eran los encargados de ofrecerles Notarías y otras prebendas a varios congresistas para que a mediados del 2004 aprobaran el acto legislativo que permitió un segundo período presidencial.
De hecho, la sentencia que profirió la Corte contra la causante de la yidispolítica incluyó el nombre del ministro Diego Palacio Betancur y compulsó copias a la Fiscalía para que lo investigara.
En el 2009 la indagación contra el jefe del Ministerio Público fue asumida por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, en cabeza en ese entonces de Augusto Ibáñez Guzmán. Sin embargo, los nueve magistrados integrantes de la Sala de Casación Penal, incluido Ibáñez Guzmán, se declararon impedidos para hacer parte de la indagación preliminar, por haber tenido a su cargo el proceso de la yidispolítica en contra de ex congresistas.
EL NUEVO SIGLO consultó con el ex presidente de la Corte Suprema, Jaime Arrubla Paucar, quien asumió la respectiva investigación, para saber cómo fue el trámite del proceso en el 2009 y el 2010.
“Yo arranqué el proceso cuando era Vicepresidente en el año 2009, porque el doctor Ibáñez, que era el Presidente, se declaró impedido porque él había conocido el caso de la yidispolítica; entonces como Vicepresidente asumí la ponencia, y el año pasado como Presidente me tocó instruir el proceso, practicar toda la prueba, llamé al Procurador a rendir declaración, llamé los testigos, recopilé toda la prueba documental y, en el término legal, radiqué en la Secretaría de la corporación la ponencia (…) La alcancé a llevar a Sala (Plena) varias veces, pero no hubo quórum, porque toda la Sala Penal estaba impedida, otra magistrada de la Sala Civil también, y además, porque algunos magistrados habían terminado su período y no habían sido reemplazados. Entonces, la Sala Plena decidió que hasta que no se reintegrara la Corte, no se votaría mi ponencia. Y resulta que cuando se me terminó mi período como Presidente, en diciembre del 2010, el proceso le correspondió al nuevo Presidente, quien llevará a la Sala del jueves (hoy) la ponencia, y no sé si va llevar la mía, si la cambiará, si llevará otra propuesta”, explicó el ex magistrado.
GOLPE A PROCURADURÍA
Golpe a Procuraduría (I)
Hay versiones distintas en torno de si el Gobierno apoya el proyecto que impulsan varios partidos para quitarle a la Procuraduría la facultad de investigar, suspender o destituir a los congresistas. En los pasillos del Senado se asegura que la iniciativa fue consultada ya a la Casa de Nariño y que allí se considera que sería viable dejar en cabeza exclusiva del Consejo de Estado la jurisdicción disciplinaria sobre los congresistas, teniendo como máxima sanción la pérdida de la investidura parlamentaria.
Golpe a Procuraduría (II)
Sin embargo, en los pasillos de la Casa de Nariño hay voces que indican que el Gobierno, ya sea por el presidente Santos o los ministros del Interior o Justicia, no ha dado un guiño definitivo a la iniciativa y que, oficialmente, no se señaló a la misma como producto del consenso en la Mesa de la Unidad Nacional. Incluso, algunos parlamentarios afirman que el Gobierno no quiere ‘jugarse’ con este proyecto, puesto que en su iniciativa de reforma a la justicia ya le está metiendo la mano al Ministerio Público. “Es claro que dispararle por dos flancos a la Procuraduría puede tener un mal recibo en la opinión pública, sobre todo por la buena calificación que tiene la gestión de Alejandro Ordóñez”, precisó ayer un senador de la coalición.
Golpe a Procuraduría (III)
No hay que olvidar que en su proyecto de reforma a la justicia, el Gobierno propone que el Procurador General sea elegido por el Senado de la terna que envíe el Presidente de la República. De esa forma, según los críticos, es obvio que el Ministerio Público corre el riesgo de un alto grado de politización e incluso de pérdida de autonomía frente a la Casa de Nariño y las mayorías parlamentarias. Actualmente, el Procurador es elegido por el Senado para un período de cuatro años, de terna integrada por candidatos del Presidente, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. “Si el Gobierno le quita por un lado a las altas cortes la posibilidad de postular candidatos a Procurador y, por otra, apoya que tampoco pueda investigar a los congresistas, podría meterse en camisa de once varas y calentar más la ya tensionante relación con las cortes”, precisó un senador consultado.
Golpe a Procuraduría (IV)
De acuerdo con el congresista, también juega en toda esta polémica que el Gobierno propone igualmente quitarles a la Corte Constitucional, Suprema de Justicia y el Consejo de Estado la posibilidad de ternar para Contralor. “Hasta en la misma Comisión I hay quienes consideran que el Gobierno exagera, pues al querer quitarles a las altas cortes las funciones nominadoras o electorales de altos funcionarios, está descargando tales funciones en dos poderes políticos por esencia, como el Ejecutivo y el Legislativo”, precisó el senador. Según la reforma judicial presentada por la Casa de Nariño, al Contralor lo elegiría el Congreso en pleno de entre quienes se inscriban como aspirantes para el cargo ante la misma corporación.
Golpe a Procuraduría (V)
Y la cuestión se podría complicar aún más, pues hay rumores en los pasillos del Senado acerca de que se volverá a impulsar una propuesta (ya negada en anteriores ocasiones), respecto de que pueda “dosificarse” la sanción de pérdida de investidura parlamentaria, de forma tal que dependiendo la gravedad de la falta, inhabilidad o incompatibilidad en que incurra un congresista, se determinará si la ‘muerte política’ es definitiva o se tasa por años proporcionalmente.
REVISTA SEMANA
EDUARDO CIFUENTES, CANDIDATO A JUEZ DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL
Eduardo Cifuentes fue Defensor del Pueblo y magistrado de la Corte Constitucional.
El anuncio lo hizo la canciller María Ángela Holguín, quien aseguró que este jueves será enviada la hoja de vida del exdefensor del Pueblo al tribunal con sede en La Haya (Holanda).
La ministra de Exteriores colombiana, María Ángela Holguín, anunció este miércoles que presentará la candidatura del magistrado de la Corte Constitucional Eduardo Cifuentes Muñoz como juez de la Corte Penal Internacional.
Durante una rueda de prensa con su homólogo de Jamaica, Kenneth Baught, quien se encuentra de visita en el país andino, Holguín adelantó que este jueves será enviado el perfil de este jurista que se desempeñó como defensor del Pueblo colombiano (2000-2003) al tribunal con sede en La Haya (Holanda).
Esta iniciativa parte de la voluntad del Gobierno de "impulsar la presencia de colombianos en organismos internacionales", y según la ministra es la primera vez que se adelanta una gestión de este tipo.
"El presidente (de Colombia) Juan Manuel Santos creó una comisión para estudiar cada una de las hojas de vida de las personas que tuvieran el nivel académico, profesional e internacional para poder ser elegido en una posición de esta naturaleza", señaló.
Este comité de selección fue conformado por los ministros de Interior, Germán Vargas Lleras; la misma canciller Holguín; el titular de Justicia, Juan Carlos Esguerra, y el secretario de la Presidencia y recién elegido Ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, entre otros.
De entre los magistrados aspirantes a la candidatura en la CPI, Catalina Botero Merino, Jaime Córdova Triviño, Juan Manuel Charry Urueña, Alexai Julio Estrada, María del Rosario González, Augusto Ibáñez y Jaime Enrique Granados Peña, el comité se decantó por Cifuentes Muñoz.
El candidato colombiano inició su carrera ligado al sector bancario en los departamentos jurídicos de la Superintendencia Bancaria, la Comisión Nacional de Valores y el Banco de Colombia.
Se vinculó a la Corte Constitucional desde 1991 y fue su presidente en 1999.
También fue Defensor del Pueblo y miembro del Comité de Coordinación de la Red de Instituciones Nacionales para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos del Continente Americano en San José de Costa Rica.
Igualmente fue presidente del Consejo Andino de Defensores del Pueblo y director de la División de Derechos Humanos de la UNESCO y es decano de la facultad de Derecho de la bogotana Universidad de Los Andes.